• Acto de desagravio Marcelo Torres a
  • La Bagatela 46 con Marcelo Torres
  • No es mentira que la política de Seguridad en Bogotá es pura palabrería.
  • No es mentira que Peñalosa se ha opuesto de mil maneras a la construcción del Metro de Bogotá.
  • No es mentira que Peñalosa no escucha.
Entrevista a Marcelo Torrres sobre el balance de su Alcaldía en Magangué
Marcelo Torres Alcalde de Magangué

Tomado de LasillaVacia.com, por Laura Ardila Arrieta.

‘Cumplí, aunque el parte que se da es del retorno de las fuerzas que combatimos’: Alcalde de Magangué.

Marcelo Torres protagonizó una de las noticias políticas más importantes de las regionales de hace cuatro años en el país, al lograr derrotar a la entonces súper poderosa empresaria Enilce López ‘La Gata’ en su propia tierra. Pero en una movida de péndulo, en menos de un mes le entregará la Alcaldía a un mandatario apoyado por parte del clan de la mujer hoy condenada por homicidio y concierto para delinquir.

En esta entrevista, el político de izquierda que ayudó a fundar el MOIR da su versión de por qué se volvió a ese estado de cosas, y hace un balance de la gestión que se le dificultó al haber encontrado un municipio con serios problemas económicos, como lo contó La Silla desde 2012.

Esa gestión, que él califica como “muy modesta”, tiene hoy divididas las opiniones en la segunda ciudad de Bolívar: entre quienes creen que hizo lo que pudo y los que consideran que su Administración resultó un fiasco.

¿Qué tan difícil fue administrar una ciudad que estuvo dominada 20 años por una clase política tradicional llena de ruidos, y en la que además en 2003 se instaló un imperio de miedo?

Lo de Magangué fue un ensayo, un experimento, de gobernar con sentido democrático y de empezar a resolver los problemas más urgentes de una de las regiones más atrasadas de Colombia, como es el sur de Bolívar. Se hizo en un escenario de mucha complejidad, con unos obstáculos cuya magnitud requerían una movilización de recursos más allá de lo que el municipio estaba en condición de hacer.

Desde ese punto de vista el resultado es modesto. Muy modesto. No obstante lo cual creo que se puede sacar en limpio, que se demostró que un alcalde de izquierda puede gobernar con sentido democrático y teniendo resultados en ese marco. Y sobre todo que empezó un proceso de reinstitucionalización del Estado de Derecho que se había perdido completamente y que, aún ahora, cuando el parte que se da es del retorno de las fuerzas que combatimos, estoy seguro que les va a quedar muy difícil materializar un retroceso en el terreno que se ha ganado. Estoy satisfecho, creo que le cumplí a Magangué y a Colombia.

¿Por qué no se movilizaron los recursos suficientes para que se le pudiera dar el vuelco al municipio que muchos esperaban?

El asunto radica en lo siguiente: en general los municipios como Magangué, que son catalogables como pequeños centro urbanos, carecen en una magnitud significativa de una parte del presupuesto que es muy importante que es la de los recursos de libre disposición. Estos recursos en estos municipios se generan en una proporción muy modesta, son los que provienen del recaudo de sus impuestos locales.

En contraste, los recursos que provienen del Estado central, el llamado sistema general de participaciones, representa alrededor de un 93 por ciento del presupuesto. Pero esos tienen una destinación específica a educación y salud, de ahí no se puede tomar un peso para pavimentar o para cualquier obra civil de las que tanto se necesitan y quiere ver la gente. Además de eso, Magangué tiene una gran limitación: está en la Ley 550, la deuda es de más de 53 mil millones de pesos.

A este Gobierno le tocó recuperar la confianza pública en el pago de los impuestos. Nosotros elevamos el recaudo en más de un 100 por ciento y tuvimos un buen desempeño fiscal. Pasamos, entre 1.100 municipios, del lugar 963 al 326 según la calificación de Planeación Nacional.

Cuando se posesionó hace cuatro años, Marcelo Torres prometió cambiar la historia de Magangué. Cortesía: El Comunicador.

Los magangueleños no veían una obra civil en décadas. ¿Con usted qué han podido ver?

Con los recursos provenientes de dos fuentes: la renegociación de la deuda que hacemos en el segundo año y las regalías del nuevo sistema de regalías, Magangué volvió a tener obras civiles. Varias. Por ejemplo, algunas de las vías clave que le dan el circuito vial a Magangué se atendieron.

Si hubo logros, modestos, pero logros, ¿por qué cree que los magangueleños no reeligieron su proyecto político el 25 de octubre (Ubaldo Meza, el candidato de su grupo sacó poco menos de cinco mil votos)?

Bueno, debo decir que esta Administración se enfrentó a serias dificultades. La primera es que, como es natural, había una expectativa inmensa después de la derrota de estos poderes oscuros. Pero he aquí que, como ya expliqué, la extrema precariedad presupuestal prácticamente no permitía hacer mayores obras, especialmente de infraestructura. Yo logro renegociar la deuda a mediados del segundo año de Gobierno y eso se viene a reflejar en el presupuesto del tercer año. Entonces estuve dos años contra las cuerdas, con una población exigiendo con toda razón. Esta situación fue muy bien aprovechada por los que querían que en Magangué la rueda echara hacia atrás.

Hay quienes dicen que por falta de ejecución, la esperanza que representó su triunfo terminó en un fiasco…

Hubo una muy orquestada campaña de descrédito basándose en que la Alcaldía no hacía nada.

¿Y usted no tuvo algún congresista que lo ayudara a gestionar recursos a nivel nacional (de Magangué son los congresistas Hernando Padauí y Karen Cure, aunque esta última es del combo de La Gata)?

No tuve. El Presidente ayudó con unos recursos, pero el Estado colombiano hubiese podido ayudar en una escala incomparablemente mayor. Por ejemplo, Magangué no pudo acceder a las 100 mil viviendas gratis. ¿Por qué razón? Porque estaba descertificada debido a que dos urbanizaciones piratas, durante las Administraciones anteriores, hicieron que el municipio se hiciera acreedor a esta sanción por parte del Ministerio de Vivienda. Cuando mi Administración se inicia me dicen que los municipios que están descertificados no pueden acceder a ese programa. Esto realmente fue un castigo, no para los urbanizadores piratas sino para la población de Magangué.

Dice usted que el parte que se da es del retorno de las fuerzas que combatió. ¿Retornaron La Gata y las mafias a Magangué?

Así es. Mire, en la campaña ganadora (del 25 de octubre) participaron nueve concejales (de 17), el exalcalde anterior a mi y personajes reconocidos todos por ser agentes de ese clan. De manera que ese es un hecho vox pópuli. Y eso lo sabe raymundo y todo el mundo. ¿Qué pasó? Desafortunadamente las malas costumbres políticas tenían más arraigo de lo previsto, según todo indica. Estamos frente a ese resultado. Los sectores democráticos de Magangué y del país tendrán que estar muy alertas y no olvidar que allí empezó un proceso democrático y que, a pesar de este revés temporal, esta experiencia merece que el hilo se vuelva a anudar.

¿Por qué es tan difícil que salgan del juego político personajes como La Gata?

Yo creo que eso tiene que ver con el grado de la democratización real de las instituciones, del Estado, esa influencia que no se ve pero que es efectiva en las instituciones y que continúa actuando. Aun cuando debo decir que en los dos gobiernos Santos ha habido una mejoría en lo que tiene que ver con este tipo de fuerzas en Magangué.

¿Y cuál es esa mejoría? Porque la historia señala que lo que ha pasado es que el poder central ha engordado muchas de estas mafias para servirse de sus votos sin importar el daño a las regiones…

Bueno, me refiero a que se ha visto una acción legal y medidas que realmente puede decirse que pusieron en jaque a este tipo de fuerzas. Al menos aquí en Magangué.

Señalaba usted que la campaña ganadora en Magangué, la del alcalde electo Pedro Alí (de Cambio Radical), tuvo el apoyo de gente del clan de La Gata. Esta campaña, además, ha sido objeto de denuncias por parte del candidato que perdió por presuntas irregularidades cometidas el día de la elección. ¿Qué fue lo que pasó en Magangué el 25 de octubre?

En una de las últimas reuniones para el tema electoral, unos dos o tres días antes del 25 de octubre, se firmó una comunicación a instancias mías y en presencia de la Personería, los partidos, la Policía y la Procuraduría, que le solicitaba al Consejo Nacional Electoral la aclaración de por qué las 3.600 inscripciones de cédula que se habían anulado por trashumancia permanecían en el censo electoral. No pasó nada. Finalmente esas cédulas permanecieron y pudieron votar. Este fue un hecho sumamente irregular que hasta hoy no tiene respuesta.

¿Esos tres mil y pico de votos hubiesen podido cambiar el resultado? Porque es poco menos de la diferencia que hubo entre los dos candidatos más votados…

Así es. Aquí la gente vio las caravanas de buses que llegaron ese día. Por supuesto, la locomoción no está prohibida el día de las elecciones, pero llama la atención que eso haya pasado.

¿Ya le respondieron eso en la Registraduría y en el Consejo Electoral?

No, no conozco hasta el momento ninguna explicación de esta grave anomalía.

Más allá de todos los hechos que ayudan a entender por qué regresó el grupo de La Gata al poder, ¿qué pasó con algunas promesas que usted hizo al respecto? Por ejemplo, usted prometió en campaña que le quitaría a ese clan su poder en la salud, pero La Gata sigue con su IPS…

En realidad allí hay una situación difícil por razones institucionales y por las condiciones particulares de Magangué. Yo gestioné con el Fondo para la Adaptación del cambio climático la reconstrucción de los 11 centros de salud que hay en Magangué. Estos centros estaban cerrados. Los pudimos abrir. Mi esposa se puso al frente del asunto. Sin embargo, el grueso de los recursos de salud les llega directamente a las EPS privadas. Eso no lo maneja el municipio, aunque figura en el presupuesto.

¿Pero por qué La Gata mantiene su IPS?

Bueno, como sucede con todas las IPS y EPS, los municipios tienen la labor de vigilancia, pero la decisión final la tienen otras instancias como el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Nosotros presentamos los informes de desempeño.

¿En el caso de la IPS de Enilce López cómo ha sido el desempeño?

Bueno, en general digamos que habían adoptado medidas pero las fallas también están registradas en los informes.

¿Y no se hizo nada?

Eso depende de la Súper. También hay una resolución que les quitó a los alcaldes el manejo de las ESE, que son las públicas. Dicho sea de paso, con el gerente de la ESE ha habido una gran tensión por el manejo que le están dando.

Y me dicen que la ESE también está en manos de un señor cercano a los gatos...

Sí. Pero la Superintendencia está completamente informada sobre eso.

¿Logró quitarles a los gatos el tema de las basuras? Hace un par de años hubo una polémica que contamos en La Silla porque una empresa de Corozal se presentó como el supuesto nuevo contratista de las basuras, argumentando que el actual les había cedido el contrato. En su momento se dijo que esa empresa era cercana a La Gata y que usted le habían falsificado la firma de la aparente cesión…

Logramos quitarles la interventoría que era inoperante. El municipio unilateralmente canceló el contrato. La empresa de Corozal nunca entró.

Sigamos haciendo balance. Uno de los grandes dolores de cabeza de los magangueleños es el desorden de los mototaxis y en la movilidad en general. La ciudad sigue sin contar con Policía de tránsito…

Los mototaxis son, como en muchos lugares, uno de los mayores problemas sociales. Además, en Magangué no son un problema marginal sino el principal medio de locomoción. Hay alrededor de 25 mil motos y eso tiene que ver con que el nivel de empleo es sumamente bajo. El nivel de desempleo es alrededor del 31 por ciento de la población económicamente activa. Y a eso se le suma personas de otros municipios que vienen a trabajar en moto durante el día.

Este no es un problema para resolver con medidas de orden policivo. Este problema tiene que ver con el desarrollo, con las posibilidades de empleo. Con una sucesión de gobiernos con la misma línea se podría resolver. Lo que hicimos fue hacer pedagogía colectiva. Desafortunadamente no pudimos conseguir que la Policía nacional de Tránsito nos permitiera ir pagando por cuotas el convenio que tienen todos los municipios con estos uniformados. Esto lo gestioné con la dirección nacional de la Policía de Tránsito y nunca me aceptaron que el municipio pagara por cuotas y Magangué no tiene para pagar el convenio de contado.

Siguiendo con el tema social, 25 ollas del microtráfico hay en Magangué y muchos jóvenes en pandillas…

Creamos un Observatorio de los problemas sociales, es un experimento a pequeña escala, pero nos ha permitido crear políticas públicas para las mujeres, los LGBTI, el adulto mayor y los jóvenes.

¿Qué es lo que más le llena de orgullo de lo que hizo en estos cuatro años?

El problema que se resolvió en Magangué que fue el del agua potable. Esta Administración gestionó 33 mil millones de pesos en agua potable. La primera parte se la pedí directamente al Presidente y cumplió. Se trata de ocho mil millones de pesos para la ampliación y optimización de las dos plantas de aducción que tiene el municipio. Y un convenio con el Ministerio de Vivienda por unos 24 mil millones de pesos que va a ser ejecutado en el otro año, pero que ya se firmó. Eso soluciona el problema de la calidad de agua, porque Magangué no tenía agua potable. Siguen habiendo algunos problemas, pero porque las redes son obsoletas. 17 corregimientos de los 42, nunca habían tenido acueducto y hoy tienen acueducto y agua potable. Para ello perforamos 14 pozos profundos y bombeamos hasta la puerta de la casa de los habitantes.

Hablemos del posconflicto. ¿Cuál cree que será el papel que jugarán los mandatarios locales que entran?

Aquí hay que resolver varias cosas. Una de ellas es qué hacer con los excombatientes, buena parte de los cuales son raspachines que han pasado de la guerrilla a los cultivos. Por otro lado, qué se va a hacer con la población que salió que no ha podido regresar: los desplazados.

¿Qué opina de que, según todo indica, ningún municipio del Caribe será priorizado en el posconflicto?

Eso es absurdo por la historia del conflicto. Sobre el mapa de la guerrilla se superpuso el del paramilitarismo. A muy grandes rasgos, el paramilitarismo pasó del Magdalena medio a Urabá, de Urabá a Córdoba, y de ahí a toda la región Caribe. Y el paramilitarismo viene siguiendo el rastro o presencia de la guerrilla. Así que está claro que es un absurdo que no vayan a priorizar esta zona. Es inaudito, teniendo en cuenta las matanzas alrededor de Ralito y Montelíbano y todo lo que hubo en el centro de Bolívar o en el Magdalena y Cesar.

Ahora que se comienza a debatir sobre la responsabilidad de terceros civiles en el conflicto, ¿quién cree que debería pasar al tablero en el Caribe?

(Carlos) Castaño fue el primero que tocó el tema, el de los 12 apóstoles. Se ha dicho con mucha insistencia, y si no hay pruebas por lo menos hay indicios, de que Hernán Echavarría Olózaga (reconocido empresario antioqueño) estuvo en eso de comienzo a fin. Y buena parte de la élite antioqueña y buena parte de los cacaos del Valle.

¿Pero en el caso de la guerrilla quiénes en el Caribe?

Yo no creo que haya muchos.

¿Usted no cree que haya habido empresarios que los hayan financiado y que tengan que contar su verdad?

Yo no creo que eso sea un fenómeno social, como si se puede decir de los paramilitares.

¿Cómo cree que lo va a recordar Magangué cuando se vaya?

Me parece que tendrá que darse una cierta decantación de las cosas para que lo que yo haya hecho o no llegue a su dimensión real.

¿Le duele que haya vuelto el poder que usted combatió?

Naturalmente. Entiendo que el candidato que llevó el grupo que en su momento me apoyó a mi estaba dispuesto a hacer alianzas con el otro candidato (Alfredo Posada) pero evidentemente no le fue posible.

¿Cuál es la trascendencia del debate sobre el presupuesto para 2016 en el Concejo de Bogotá?

Por Yezid García, concejal de Bogotá

Por amable invitación del director de Informativo CUT Bogotá Cundinamarca, presento a sus lectores unas reflexiones que he hecho en el cabildo distrital sobre la importancia de aprobar un presupuesto para el año 2016 que deje asegurada la financiación de programas sociales claves para los sectores más vulnerables de la capital. Esa es la esencia del presupuesto presentado por la Bogotá Humana.

Sin embargo, la irracionalidad de la oposición a Petro, para los que aún tienen dudas de ello, queda nuevamente demostrada con lo sucedido en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá.

Después de haberse aprobado las ponencias positivas del Proyecto de Acuerdo 377 de 2015, correspondiente al Presupuesto Distrital de 2016, con 8 votos a favor y 4 en contra, sorpresivamente, al otro día fueron negados el título y las atribuciones de dicho proyecto. Los concejales Miguel Uribe, Marco Fidel Ramírez, María Victoria Vargas, Juan Carlos Flórez, Clara Lucía Sandoval y Fernando Vásquez votaron en contra de esta iniciativa, negando la posibilidad de que el Concejo de Bogotá decidiera sobre este tema de vital importancia para el Distrito.

Los miembros de la oposición a la Bogotá Humana en el Concejo Distrital han llevado, sin proponérselo, a que sea el alcalde Petro, que tuvo toda la voluntad política para llegar a un acuerdo en el Concejo, quien expida por decreto el presupuesto para el primer año del gobierno de Peñalosa.

Hay ciertos sectores, enceguecidos por el sectarismo político, que han criticado duramente que en Bogotá haya un subsidio a los estratos 1 y 2 en el consumo de agua (6 metros cúbicos mensuales gratuitos), y que exista, además, un subsidio al transporte, tanto en el Transmilenio como en el Sitp. Les parece “inconcebible” que fondos públicos se destinen a aliviar necesidades de los más pobres y vulnerables.

Pero, esos mismos sectores, cínicamente, callan cuando se destapan hechos tan graves, como que a través del llamado “cargo por confiabilidad” se le han entregado a los dueños de las empresas generadoras de energía, tanto térmicas como hidráulicas, la mayoría de ellas de capital extranjero, la astronómica suma de 16 billones de pesos como subsidio en nueve años, sin que esos subsidios hayan frenado las consecuencias del fenómeno del Niño sobre la generación eléctrica y el alza desmedida de tarifas. Y callan también ante el nuevo hecho anunciado por el ministro de Minas y Energía, de entregarles a las empresas generadoras la suma de 3,3 billones de pesos adicionales en los próximos tres años vía alza de tarifas a los consumidores, con lo que se totalizan 19,3 billones extraídos de los bolsillos de los colombianos.

¡Los neoliberales se rasgan las vestiduras ante un alivio para los pobres pero justifican billones para subsidiar al capital extranjero!

También rechacé las declaraciones ofensivas contra la presencia de la izquierda en la alcaldía de Bogotá por 12 años, presencia que se la ganó electoralmente, no en un concurso de méritos ni en un bingo. El talante democrático es respetar los gobiernos elegidos popularmente hasta que estos gobiernos cumplen el periodo legal y constitucional. Petro y la Bogotá Humana van hasta el 31 de diciembre y antes no puede pretender Peñalosa ni los concejales peñalosistas gobernar a Bogotá.

Se ha dicho de manera imprecisa y por sectarismo político que este es un presupuesto “clientelista” porque sube astronómicamente la cifra para funcionamiento y reduce la cifra para inversión. Quiero recordar que para el 2015 el presupuesto fue de 17,3 billones de pesos, distribuidos en 83% para inversión, 12,5% para funcionamiento y 4,5% para servicio de la deuda; el presupuesto de hoy tiene 81% para inversión, 16% para funcionamiento y 3,2% para el pago de la deuda, entonces ¿dónde están las diferencias sustanciales entre este presupuesto y el anterior que le otorgue el calificativo de un presupuesto “clientelista” para favorecer con contratos y OPS a la gente cercana a la Administración?

No puede pasar desapercibida en este Concejo la deuda de 944.620 millones de pesos que tienen las EPS con la red pública hospitalaria, ni la cifra de 190.000 millones de pesos que son de dudoso recaudo por el hecho de que esas EPS fueron liquidadas, pero tal recaudo debe estar respaldado por el Gobierno, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Aquí hay que fijar una posición sobre eso. ¿De manera que la red pública hospitalaria cumple metas y compromisos de racionalización de gastos, de lucha contra la corrupción, pero las EPS no cumplen y están poniendo en riesgo esta la red pública para favorecer, lo que se ve venir en los próximos 4 años, la privatización de algunos sectores de la salud y de la educación?

Los programas que tienen que ver con la gente, con el desarrollo de Bogotá, trascienden de una administración a otra pero, evidentemente, la próxima administración quiere cambiar el enfoque de la inversión en el Distrito; aun así, el presupuesto del año entrante tiene que ver con el Plan de Desarrollo de los programas de la Bogotá Humana, debe dejarle recursos necesarios a la nueva administración para que no se suspenda ningún programa por falta de recursos, y si los van a suspender que sea por decisión política y que se asuman los costos de esa decisión.

En ese sentido, quiero expresar mi preocupación por dos sectores, primero el de Integración Social; me parece que la reducción afecta programas vitales que deben ser vueltos a discutir en el Concejo. Yo formalmente solicité el incremento del presupuesto de Integración Social para los programas 735 y 760 que tienen que ver con infancia y adolescencia, discapacidad, adulto mayor, todos temas recortados. Si el señor Peñalosa quiere cambiar de énfasis que lo cambie, pero hagamos un esfuerzo con voluntad política para incrementar el presupuesto de esos programas sensibles, que requieren un aumento de 100 mil millones aproximadamente para que culminen hasta diciembre de 2016.

Expresé también mi preocupación por el programa Jóvenes en Paz. Estamos ad portas de un acuerdo de paz en marzo del año entrante. En Bogotá hay que cerca de 400 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan, según cifras del concejal Juan Carlos Flórez, yo tengo una cifra más alta, cerca de 600 mil, pero no importa quién tiene la razón, tan grave es una cifra como la otra. ¿Vamos a dejar 400 mil jóvenes entre 14 y 28 años expuestos a que todos los días se jueguen la vida en la línea divisoria entre la legalidad y la ilegalidad? ¿Quién le va a ayudar a esa generación? ¿La empresa Claro? ¿Sabmiller? ¿Las grandes empresas y multinacionales? No, le toca al Estado en cabeza del Distrito ayudar a que esos jóvenes no se pierdan. Por eso llamo a que ese programa Jóvenes en Paz se fortalezca y se le otorguen los recursos necesarios para que así pueda aportar el Distrito su obligación con los jóvenes vulnerables en los tiempos posteriores a la firma del acuerdo de paz.

Vale la pena insistir en algunas cifras sobre la real situación de la red pública hospitalaria de Bogotá. Esa red, compuesta por 22 instituciones (Empresas Sociales del Estado), hoy tiene saneada su situación financiera por el cumplimiento de los compromisos de gestión, facturación, recaudo, racionalización de gastos y de lucha contra las prácticas corruptas. Sin embargo, el incumplimiento de las EPS en el pago de los servicios que a sus afiliados les presta la red pública, constituye una tronera gigantesca que amenaza gravemente el futuro de esos hospitales.

A 30 de septiembre, las EPS adeudaban $944.620 millones a los hospitales públicos, cifra que representa el 80% de la venta de servicios de la red en 2015 ($1.180.715 millones). A largo plazo, ninguna empresa pública o privada es sostenible financieramente con esa magnitud de cartera. Del total de la deuda, $190.000 millones corresponden a cuentas irrecuperables, porque algunas EPS fueron liquidadas y ni los dueños ni el Gobierno Nacional ni la SuperSalud han respondido por las deudas. Esta realidad debe complementarse con la observación crítica que en la red pública no se ha avanzado en los compromisos de formalización laboral de los trabajadores distritales de salud.

El pueblo de Bogotá, en particular el movimiento sindical, y los demócratas todos, deben declararse en pie de lucha para enfrentar la andanada neoliberal que se viene con la administración Peñalosa. Los neoliberales vienen por todo: privatización de la educación, la salud, las empresas distritales –Acueducto, Teléfonos, Energía, entre otras–; desmonte de la inversión social, múltiples atentados ecológicos, en fin, la administración distrital al servicio del gran capital, de la segregación, de los constructores, y contra la democracia, la inclusión social y la defensa del medio ambiente.

Sindicalismo en grande
Edwin Palma, Líder de la USO

Por Edwin Palma, Vicepresidente de la USO, para Las2Orillas.co

Sindicalismo en grande, entre otras cosas, es pensar en una organización que actúa estratégicamente para negociar colectivamente y para comunicarse con la sociedad.

Los trabajadores y las trabajadoras enfrentan el desafío de responder a las transformaciones radicales ocurridas en la economía, la sociedad y el mundo del trabajo. Por eso las organizaciones sindicales tienen que ser capaces de autorreformarse para involucrarse en nuevos escenarios, para volver a hablarle a todos los trabajadores y trabajadoras, especialmente aquellos que carecen de trabajo decente que son la inmensa mayoría en nuestro país: el 64 % de los 21,5 millones de personas que trabajan según el último informe de la Escuela Nacional Sindical.

Vivo orgulloso de pertenecer a una organización sindical: la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo que supo hace varios lustros recibir a trabajadores temporales de Ecopetrol y hace apenas una década incorporar a sus filas trabajadores tercerizados para así hablarle a la sociedad con rigor técnico sobre la industria del petróleo, desde lo político pero también desde lo reivindicativo. Hoy, es necesario hacer el intento por otra autoreforma, pues el panorama lo obliga. Se calcula que el sector minero y energético laboran más de 400.000 trabajadores de los cuales solo se encuentran sindicalizados alrededor de 60.000 y fragmentados en más de 50 sindicatos.

La única forma de enfrentarla locomotora minero-energética vigente, en la que tanto se han parecido los gobiernos de Uribe y Santos, centrada en entregar a las grandes multinacionales los recursos naturales que nos pertenecen a todos los colombianos, es teniendo una locomotora igual de los trabajadores organizados en un sindicato de rama fuerte que pueda construir acuerdos, pero también confrontar y movilizarse siempre que sea necesario.

Una organización amplia de trabajadores y trabajadoras, radicalmente democrática, ligada a los movimientos sociales especialmente medioambientales, con una fuerte capacidad de comunicación con la sociedad, de movilización y de negociación. Las organizaciones sindicales, sus líderes y sus afiliados y afiliadas no debemos tener miedo al cambio y debemos saber dar los saltos hacia adelante que le permitan seguir avanzando para lograr más impactos en un mundo del trabajo que cambia rápidamente.

La USO está llamada hoy a multiplicar sus métodos reivindicativos

La USO es la organización de trabajadores más reconocida del país y sus acciones, discursos y propuestas siempre generan debates públicos sustantivos y sirven de ejemplo a muchas otras organizaciones y lo acaba de demostrar al concluir la II Asamblea Nacional Por la Paz apostando, con un enfoque regional, por la solución política al conflicto armado. Pero debemos reconocer que hoy está llamada a multiplicar sus métodos reivindicativos. Las fuertes reacciones patronales (descuentos salariales, despidos, sanciones, disciplinarios, etc.) a las formas tradicionales de acción colectiva deben llevar a que éstas convivan con nuevas formas de movilización como el flasmob, el subertising, a las redes internacionales, a la organización sindical trasnacional, al boicot y otro sin número de ideas con mejores resultados que ya usan organizaciones de trabajadores en el mundo globalizado donde la imagen corporativa es un activo intangible preciado de las empresas y los gobiernos.

Los movimientos sociales, y por ende los sindicatos, han tenido la capacidad de crear nuevas acciones colectivas significativas. La Mane por ejemplo en Colombia lo demostró. La Central Sindical Alemana (DBG por su sigla en alemán) por ejemplo, utilizó la crisis europea de 2008 para concentrarse en el incremento por las tasas de sindicalización y de negociación colectiva y alcanzaron una bandera importante a principios del año 2015: establecer un salario mínimo para los trabajadores de su país.

Pensar un sindicalismo en grande es pensar en un sindicalismo moderno como aquel que permite la deliberación interna y la estimula como parte de su compromiso con la democracia, es una organización que defiende los derechos de los trabajadores y las trabajadoras independientemente del contrato laboral, la pertenencia a un sindicato o el tamaño del problema que enfrentan, es una organización conectada con los trabajadores y los sindicatos en el mundo, es una organización que actúa estratégicamente para negociar colectivamente y para comunicarse con la sociedad. Es un sindicato que incentiva la formación sindical y política para esculpir líderes capaces de enfrentar grandes retos del mundo laboral. Es un sindicato que se esfuerza por transformar la imagen que tiene la sociedad del movimiento sindical.

Con un sindicalismo así todo es posible. De resto solo nos quedaremos en consignas, constancias históricas y aspiraciones utópicas para los trabajadores, la sociedad y el país.

A la hora de la paz y a la hora de ampliar la democracia y los derechos, el sindicalismo es el camino para transformar la realidad de los trabajadores y la política en el país. Les invito a seguirlo.

ADENDA: Más de 30.000 trabajadores en la industria petrolera han perdido su empleo producto de una crisis que no causamos y que será pasajera. Esta semana les correspondió a los 240 trabajadores de la empresa barranqueña Transportes y Equipos. Para todos no ha habido una respuesta del Estado ni una propuesta del sindicato. Hay que construirla.

@PalmaEdwin
Dirigente sindical de la USO, abogado especialista en asuntos del trabajo. Mi opinión no compromete a la de la organización sindical a la que la pertenezco.

Construyamos frente de lucha del movimiento sindical contra política neoliberal de Peñalosa
Carlos Castañeda

Carlos Castañeda, Presidente de la CUT Bogotá-Cundinamarca, interviene en el mitin que realizó la Asociación Distrital de Educadores ADE ante la SED, en protesta por la Resolución que incluyó de manera arbitraria colegios en Jornada Única.

El plan nacional de desarrollo y la minería en Colombia
POT Bogotá Humana

Por Yezid García Abello, Concejal de Bogotá por la Alianza Verde

El gobierno nacional, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, busca que el sector de la minería, especialmente de la “gran minería”, se consolide como uno de los motores de la economía y por ello plantea que “se deben brindar las condiciones para promover el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, bajo los más altos estándares ambientales y sociales, en articulación con las demás políticas sectoriales, las autoridades territoriales y la sociedad civil”. Así lo plante al el Plan Nacional de Desarrollo, pese a que esta política ha sido duramente cuestionada por las fuerzas democráticas, las comunidades, los productores nacionales y los ambientalistas.

Lo anterior hace parte del proceso de “reprimarización” de la economía colombiana que incluye la desindustrialización del país que es causada por la imposición de la política neoliberal y la aprobación de los tratados de “libre comercio” (TLC). Todo en el marco de entregar a los grandes conglomerados extranjeros la explotación de los recursos naturales, de la producción nacional, de los trabajadores y del mercado interno, en detrimento de la soberanía económica y en favor del gran capital transnacional.

El investigador Jorge Enrique Espitia ha demostrado en sus estudios que existen “50 actividades económicas por encima de las mineras que impactan en mayor medida la economía nacional y muy seguramente con menores externalidades negativas que la minería, en lo social y ambiental. En general, las elasticidades de cada uno de los sectores de la minería respecto al resto de actividades de la economía (colombiana) no es muy alta, particularmente en el caso de las generadoras de empleo (…)[1].”

Entonces, si la minería no es un renglón tan importante para la economía nacional… ¿por qué motivos el gobierno nacional está empeñado en el propósito de darle prioridad a este renglón productivo de tipo extractivista? ¿Qué intereses se mueven detrás de ese empeño si la minería no es el gran creador de empleo? Por el contrario, sabemos que este renglón productivo no genera cadenas productivas en las regiones donde se explotan las minas, y en cambio produce grandes impactos ambientales que –a pesar de la existencia de normas legales vigentes– no siempre son controlados o minimizados por la acción del Estado, lo que trae grandes costos por accidentes en vidas humanas y en daños, muchas veces irreversibles, a la naturaleza.

La respuesta es evidente. La elaboración de nuestros planes de desarrollo no se realiza efectivamente en el Departamento Nacional de Planeación. O si se hace allí, se confecciona con las recetas que producen los estrategas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son ellos los que le hicieron creer a muchos gobiernos del mundo y de América Latina que la bonanza de precios de las materias primas (commodities) y la avalancha de inversiones capitalistas hacia los países de la periferia se iba a mantener en el largo plazo y les traería ingresos y progreso indefinidos.

Pero esas previsiones y cantos de sirena se han venido al suelo. Era evidente que como reacción a la crisis económica y financiera del año 2007, los grandes inversionistas iban a financiar proyectos mineros, en especial de oro, como mecanismo para responder a la caída del valor adquisitivo del dólar. Pero esa tendencia se ha agotado. La recesión ahora ha tocado a Europa, a Rusia y a China, los EE.UU. ha logrado recuperarse en forma relativa y coyuntural apoyándose en su política de incrementar el “fracking” para producir petróleo y paliar su crisis energética, la Reserva Federal estudia la posibilidad de incrementar las tasas de interés y la moneda estadunidense se ha revaluado. Así, los inversionistas vuelven a su redil y la bonanza inversionista en proyectos extractivistas y mineros ha retrocedido.

Pero, además de lo coyuntural es importante tener en cuenta las tendencias estructurales que se mueven a nivel global. El analista Luis Jorge Garay nos alerta sobre una serie de fenómenos que están detrás de los procesos de inversión en minería y otros proyectos energéticos de gran dimensión. Dice Garay que “el proceso de globalización neoliberal ha llevado a una ‘tensión entre des-territorialización y re-territorialización’ en unas fronteras y unos espacios de poder cada vez más porosos bajo Estados con soberanías más relativas y ambiguas”. Y afirma: “Surge un mundo consecuente con la reproducción de amplios espacios desgobernados sin que haya un verdadero Estado soberano transnacional que los pueda gobernar y resultante, entre otros factores, del modelo de desregulación y liberalización de los mercados y de la privatización de amplios ámbitos de la actividad que ha caracterizado la etapa actual de globalización: la globalización neoliberal”[2].

Ello significa que está en marcha un verdadero proceso de re-colonización de los territorios y áreas estratégicas ricas en recursos naturales a nivel mundial. En Colombia, a la sombra del conflicto armado y de la lucha contra el narcotráfico, importantes regiones de nuestro país están en proceso de apropiación a manos de poderosas compañías extranjeras y transnacionales aliadas con los grupos económicos hegemónicos en nuestro país, como es el caso de la Altillanura de la Orinoquía y el Chocó Biogeográfico. Hay que salirle al paso a dicho proceso e impedir que dichos planes se concreten en perjuicios de nuestros intereses nacionales de carácter estratégico.

La minería y Bogotá

En el caso del Distrito Capital el mayor impacto de la minería se centra en la explotación de grava, arena y arcilla. Actualmente hay en Bogotá varias zonas donde se hace ese tipo de minería. La zona del Tunjuelo, Usme, Usaquén y Ciudad Bolívar. El gobierno de la Bogotá Humana, ha priorizado como uno de los ejes del Plan de Desarrollo Distrital, adaptar la ciudad al cambio climático, mediante acciones como la protección de amortiguadores ambientales en la Sabana de Bogotá y acabar gradualmente con la minería en la ciudad para evitar los deslizamientos como el que desapareció el barrio de Villa Jackie en 2009.

Mediante la acción jurídica del Distrito y de otros municipios se logró que la Sección Tercera del Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el Decreto 934 del 2013, pues, en su concepto, vulnera el principio de autonomía territorial. El alto tribunal recordó que los artículos 287, 288, 311 y 313-7 de la Constitución y los artículos 3º, 6º, 8º y 9º de la Ley 388 de 1997 facultan a los municipios para restringir, dentro de su perímetro urbano, los trabajos y obras de exploración y explotación de minas, mediante acuerdos municipales. Por lo tanto, el Decreto 934, al prohibir dicha restricción, se opone abiertamente a lo dispuesto en el Código de Minas.

De esa manera el gobierno distrital ha ido logrando –de una forma paulatina y respetando convenios y concesiones conseguidas con anterioridad y legalmente por empresarios privados– el desmonte de la actividad minera en el territorio capitalino para beneplácito de la población vecina a dichas explotaciones. Aquellas que eran ilegales han sido intervenidas de forma inmediata. De todas formas existe una tensión con constructores y urbanizadores que argumentan que si se limita esa actividad en la Sabana deben traer materiales del Meta o del Huila, y el gobierno nacional, que también ha basado su Plan Nacional de Desarrollo en la construcción de vivienda busca formas legales de ofrecer “garantía jurídica” a quienes tengan permisos, así sea en los cerros.

La puja entre el interés general y el interés particular –que no sólo se presenta en el Distrito sino en todo el territorio nacional, está hoy en día en manos del Ministerio del Ambiente que debe en pocos días hacer conocer la denominada “delimitación de áreas mineras” en todo el país. Estaremos pendientes de dichos desarrollos técnicos y legales.

Bogotá, 17 de julio de 2015

yezidgarciaa@gmail.com / @yezidgarciaa

[1] Espitia, Jorge Enrique (2014). “La distribución regional de la actividad agrícola, minera y no minera en Colombia 1975-2012”. Publicado en “Minería en Colombia. Daños ecológicos y socio-económicos, y consideraciones sobre un modelo minero alternativo”. Vol. 3. Contraloría General de la República. Bogotá, D.C.

[2] Garay Salamanca, Luis Jorge (2013). “Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza”. Volumen 1. Contraloría General de la Nación. Bogotá D.C.

La lucha ambiental es por la supervivencia del planeta y de la humanidad
Movilización cambio climático

Por Yezid García Abello, concejal de Bogotá por Alianza Verde

La vida biológica en el planeta tierra está en riesgo de extinción. Como parte de ella, la especie humana puede desaparecer por efectos de una hecatombe ambiental causada por una guerra nuclear o por consecuencias de un grave desequilibrio ecológico.

Las alertas están encendidas. El presidente Barack Obama –presionado por el impacto que causó la divulgación de la encíclica papal denominada “Laudato si” o “Sobre el cuidado de la Casa Común” –tomó el pasado 1° de agosto la decisión de reducir las emisiones de carbono de los EE.UU. en un 32 por ciento al año 2030. De cumplirse, es un paso muy importante dado que ese país es la segunda nación más contaminante del ambiente después de China.

Ya son pocos los que niegan la gravedad de la crisis ambiental que vive la humanidad a nivel planetario. El calentamiento global es un hecho. Las causas son variadas pero es indudable que el eje del problema gira en torno al caos ambiental que produce un modelo de desarrollo que se basa en la exagerada y anárquica explotación de los limitados recursos naturales que nos ofrece la tierra.

El afán de ganancias económicas y la dictadura del mercado han creado una mentalidad depredadora y consumista entre la población. Éste es factor cultural sobre el que se ha construido un aparato productivo basado en la generación de energía que utiliza combustibles fósiles de fuentes no renovables (petróleo, carbón, gas) y una economía (forma de vida) que tiene como principal soporte la “química del petróleo”.

Desde finales del siglo XIX los científicos preocupados por el medio ambiente y la defensa de la naturaleza empezaron a plantear los problemas de la contaminación del aire, el deterioro de las fuentes de agua, y las consecuencias negativas sobre los ecosistemas naturales. Luego se alertó sobre la deforestación de bosques y selvas. Más adelante se presentaron estudios sobre los peligros del mal manejo de los residuos sólidos (basuras), los desechos industriales y la radiación nuclear. Actualmente tenemos las amenazas contra la biodiversidad, los riesgos de la manipulación genética y de los cultivos transgénicos.

Los gobiernos nacionales y la ONU, presionados por los científicos, ambientalistas y sectores de la población que se han hecho conscientes del grave peligro que se cierne sobre la humanidad, han realizado numerosos eventos, cumbres, encuentros y foros para tratar esta problemática. Se destaca la Conferencia de Río de Janeiro en 1992 sobre Desarrollo Sostenible y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que aprobó el Protocolo de Kioto en 1997, y decidió reducir las emisiones de seis (6) gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.

Actualmente se prepara la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, que se va a realizar en diciembre de este año en París (Francia). El papa Francisco, líder mundial de la iglesia católica, y su Carta Encíclica “Laudato si” se ha convertido hoy en un referente en la lucha por preservar la tierra. En ese extenso y muy importante documento plantea la necesidad de retomar, pensar y construir una ecología ambiental, económica, social y cultural que priorice el “bien común” por encima de cualquier otro interés.

Dice el papa Francisco: “La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. Es «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección»”[1].

Y siguiendo esa misma dirección afirma: “La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más responsable, que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres.”

Y remata más adelante: “Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.”

En el marco de la campaña para hacer conciencia de los peligros que entraña el desequilibrio ambiental que sufre el mundo, la Santa Sede invitó al burgomaestre bogotano Gustavo Petro a un Coloquio de Alcaldes denominado “Esclavitud moderna y cambio climático”. Esa invitación es un reconocimiento muy importante para un funcionario que se la ha jugado toda por incluir políticas ecológicas en su Plan de Desarrollo y ejecutar acciones dirigidas a combatir las causas del cambio climático en la ciudad de Bogotá.

Es paradójico que ese reconocimiento se haga a nivel mundial cuando paralelamente el Ministro de Vivienda lo ha denunciado penalmente por defender los cerros orientales de la ciudad de la depredación urbanística que un grupo de poderosos constructores pretende realizar en áreas vitales para el equilibrio ambiental de la ciudad, ya que son áreas consideradas por el Consejo de Estado como zona de adecuación y que el Distrito Capital ha definido como reserva forestal.

El alcalde Petro aprovechó ese escenario para denunciar los ataques del Procurador Ordoñez contra su gestión y planteó que en el centro de la controversia contra su administración están los intereses de quienes colocan los intereses particulares, las ganancias económicas y el mercado por encima del interés público. Así definió como la principal causa del deterioro ambiental global al “exceso descontrolado del mercado”. Dijo con contundencia: “El mercado está a punto de acabar con la vida en el planeta.”

Como concejal de la ciudad de Bogotá debo reiterar mi compromiso con la lucha por preservar la vida en el planeta. En ese sentido llamo la atención sobre la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas aprobadas en el programa de la Bogotá Humana: la densificación de la ciudad para detener la expansión caótica sobre áreas que deben ser protegidas como humedales y cerros orientales; el control y disminución de las emisiones de gases contaminantes entre las cuales la principal es la que generan los automóviles, para lo cual la política de movilidad se centra en el desestimulo al uso del vehículo particular, el mejoramiento del sistema de transporte masivo multi-modal, la promoción del uso de la bicicleta y la racionalización de la ciudad en cuanto a espacio público.

Igualmente, esas políticas contemplan metas precisas entre las que destacamos la reducción en 10% la contaminación por material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) y en 5% la contaminación sonora en tres áreas estratégicas de la ciudad; la introducción de energía eléctrica en el transporte masivo de la ciudad, que incluye metro pesado, ligero, y línea cable; la recuperación ecológica de 57 kilómetros de rondas en los ríos Fucha, Salitre, Tunjuelo, y Torca, y de 40 kilómetros de humedales; librar a Bogotá de la minería depredadora del medio ambiente; y consolidar el programa de ‘Basura Cero’.

Todas estas metas están en pleno cumplimiento y aspiramos a que la nueva administración continúe por el camino trazado de adecuación de la ciudad al cambio climático, que es una de las banderas de la Bogotá Humana.

No sobra reiterar que la lucha por preservar y defender la naturaleza de la depredación humana es una tarea que implica enfrentar la esencia nociva del sistema capitalista. Una nueva lógica de vida debe imponerse en el mundo para mantener la vida y garantizar la continuidad y pervivencia de la civilización humana. Un nuevo estilo de vida que coloque el bienestar humano al nivel de una plena realización ética y moral se debe promover para detener la avalancha de consumismo y de deterioro espiritual que hoy sufre nuestra sociedad.

Como lo afirma el papa Francisco en su encíclica ambiental: “Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración”.

yezidgarciaa@gmail.com / @yezidgarciaa

[1] Carta Encíclica Papal “Laudato si” del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Roma, 24 de mayo de 2015.

La terminación del conflicto armado es un paso fundamental para la construcción de paz en Colombia

Por Yezid García Abello, Concejal de Bogotá por Alianza Verde

El acuerdo sobre justicia transicional y restaurativa que presentaron los negociadores del gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana el pasado 23 de septiembre, es un paso de gran importancia hacia la terminación del conflicto armado en Colombia.

Sin embargo, es todavía más trascendente el anuncio conjunto hecho por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe del Estado Mayor de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry (alias “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”), de que el acuerdo final se dará en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de ese mismo día y que, en no más de dos (2) meses después de esa fecha, esa guerrilla hará dejación definitiva de las armas.

En el acuerdo se destacan varios aspectos. Los comandantes guerrilleros han aceptado que, por diversas circunstancias, han sido victimarios. Se puso como condición fundamental de juzgamiento la revelación y el compromiso con la verdad, lo cual, además de recoger una de las principales exigencias de las víctimas y de la opinión pública colombiana, será el referente esencial de la pena o castigo respectivo y proporcional a la falta cometida.

Además, se crea un marco jurídico y una jurisdicción especial de paz que juzgará a todos los eventuales involucrados en los delitos relacionados con el conflicto armado, incluyendo guerrilleros, agentes del Estado y particulares comprometidos. De igual manera, se diferencian y tipifican los delitos de lesa humanidad, los delitos políticos, los conexos y los comunes, que servirán de base para aplicar ese tipo de justicia supletoria.

Todo lo anterior, sumado a los puntos ya negociados sobre desarrollo rural, participación política de los insurgentes que se integren a la vida civil, reparación a las víctimas y políticas contra el narcotráfico, deja ver que el actual proceso de negociaciones entre el gobierno y las FARC está muy cerca de convertirse en la superación definitiva del conflicto armado entre ese grupo y el Estado colombiano.

Queda pendiente que el Ejército de Liberación Nacional ELN y algunos reductos del Ejército Popular de Liberación EPL tomen el mismo camino y le ofrezcan al pueblo y a la sociedad colombiana la oportunidad de impulsar y concretar las transformaciones democráticas de tipo estructural que la Nación requiere con urgencia, usando métodos y herramientas civilistas y pacíficas.

Desde los inicios de los diálogos entre gobierno y las FARC, este Concejal de Bogotá y la tendencia política que representa dentro de la Alianza Verde, el Partido del Trabajo de Colombia (PTC), ha apoyado irrestricta y firmemente el llamado “proceso de paz”. Invitamos a votar por el presidente Santos en 2014 con la convicción de que sacaría adelante esa meta suprema para el pueblo que, de lograrse, será un salto enorme hacia la modernidad y la superación de la barbarie.

Entendemos que se debe diferenciar lo que es la terminación del conflicto armado de lo que efectivamente es la construcción de la paz, pero creemos así mismo, que la superación de ese conflicto por la vía política negociada es una contribución formidable a la consolidación de un clima de paz y de reconciliación entre los colombianos.

Deben resaltarse dos anuncios de carácter internacional que se hicieron públicos inmediatamente después de la presentación de los convenios de La Habana. El primero, el apoyo irrestricto a los acuerdos por parte del gobierno de los EE.UU. que llevó, incluso al enviado especial de los EE.UU para el proceso de paz, Bernard Aroson, a afirmar “en el Acuerdo de justicia entre el gobierno y FARC no hubo impunidad” y segundo, la opinión favorable de la Fiscal de la Corte Penal Internacional. Son dos factores importantes para que los acuerdos se desarrollen y se logre concretar la ruta y metas acordadas.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que se están dando pasos ciertos y certeros hacia la terminación del conflicto armado en Colombia y que la noche de violencia fratricida que nos ha causado tanto dolor y muerte está cerca de terminar. Ese es nuestro anhelo y haremos lo que sea necesario para que efectivamente el amanecer de la paz alumbre el futuro de nuestra Nación.

Es importante resaltar y recordar que no hemos sido actores de ese conflicto armado. Nunca estuvimos de acuerdo con la utilización de la lucha armada aislada de las masas populares para conquistar y construir democracia y justicia social en Colombia. Siempre condenamos la violencia, el terrorismo, el secuestro y las amenazas como herramientas de lucha política. Sin embargo, saludamos que después de tantos sacrificios, esfuerzos y sufrimientos, podamos contar con el regreso de las fuerzas insurgentes a las vías civilistas.

Creemos que este paso debe darse con mucha generosidad y grandeza. Muchos obstáculos todavía hay que superar para poder convertir la terminación del conflicto armado en una efectiva paz. Los enemigos de la reconciliación están al acecho y van a aprovechar cualquier error para poner a las mayorías nacionales en contra de los acuerdos.

Los pactos avanzados van en la dirección correcta. Sin embargo, con sentido de solidaridad y serio compromiso por la paz, llamamos a la serenidad, a la prudencia, a poner los intereses colectivos por encima de las apetencias partidarias, a no ser triunfalistas y vengativos, a ayudar a crear condiciones espirituales para el perdón y la verdadera reconciliación.

Nos compromete a todos un gran esfuerzo por conseguir el apoyo de la mayor parte de la población colombiana tanto para la ratificación de los acuerdos como para diseñar la ruta hacia la conquista y la construcción de un nuevo país. No será fácil pero estamos seguros que sin la presencia de la violencia, el pueblo colombiano será capaz de unirse para transformar nuestra nación, superando pacíficamente las circunstancias estructurales que nos mantienen en el atraso material y propician la marginalidad social.

Aspiramos a que las mayorías nacionales desencadenen sus energías creadoras en un ambiente de paz y reconciliación. Habrá que estar muy atentos a salirle al paso a los intentos de desestabilización que intentarán crear los enemigos de la paz. No dudaremos un instante en denunciar esas actuaciones pero, a la vez, impulsaremos todo tipo de acciones para estimular un espíritu de comprensión hacia aquellos que les cuesta perdonar tantos hechos execrables y dolorosos que hemos sufrido, y derrotar a quienes consciente y deliberadamente alientan la venganza y el odio como herramienta mezquina para conquistar el poder.

Los sectores democráticos que en medio de la guerra hemos actuado abiertamente en la vida política del país, deberemos unirnos firmemente para jalonar a amplias capas de la población que son escépticas frente a la posibilidad de la terminación del conflicto armado.

Llamamos al pueblo colombiano, a los partidos políticos, a la academia y a la juventud a contribuir desde sus espacios para desarrollar un gran movimiento democrático que nos permita salir adelante en el inmenso reto de superar esta dura etapa de la vida nacional, que nos ha imposibilitado estar a la altura de otros pueblos y países donde soplan “los vientos del sur” y avanzan hacia el desarrollo económico integral y el bienestar pleno para sus gentes.

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2015

E-mail: yezgara@yahoo.com – Twitter: @yezidgarciaa

¿Por qué nos la jugamos con Petro y la Bogotá Humana?
Yezid García y Gustavo Petro

Por Yezid García Abello, Concejal de Bogotá por la Alianza Verde

Hoy, que la Bogotá Humana –en cabeza de su gestor y líder Gustavo Petro Urrego– es atacada y vilipendiada por sus enemigos y contradictores…

Hoy, cuando la mayoría de candidatos a la alcaldía de Bogotá pretenden obtener el apoyo de la ciudadanía cabalgando sobre supuestos errores y falencias de esta administración…

Hoy, que los medios de comunicación pagados por quienes quieren “recuperar” la Alcaldía para ponerla al servicio de intereses privados y monopólicos, se dedican a desconocer los avances sociales de éste gobierno y recalcan con saña en algunas metas que no se cumplieron por diferentes motivos…

Hoy, que el presidente Santos “le hace conejo” a los bogotanos y al alcalde, cuando quebranta y desconoce el compromiso de financiar el 70% del Metro que anunció con bombos y platillos…

Hoy, que el procurador Ordoñez, el contralor distrital y demás cabezas de los órganos de control están atentos a encontrar el más mínimo motivo para abrir investigaciones judiciales, fiscales, administrativas o disciplinarias al alcalde y a sus funcionarios, para crear la impresión de ineficiencia y corrupción…

Hoy, que algunos amigos y compañeros de Petro ya no están con él, aduciendo problemas y defectos en su personalidad…

Hoy, que antiguos aliados de Petro se empeñan desde la izquierda en descalificar su gestión porque no logró desmontar el entramado de relaciones privatizadoras que todavía subsisten en las empresas públicas del Distrito, sin tener en cuenta que con sólo el primer intento desprivatizador en el área de aseo, estuvieron a punto de sacarlo de la alcaldía…

Hoy, que Petro está en la etapa final de su gobierno, que entramos en la recta definitiva de la campaña electoral para elegir su reemplazo y que todos a una, como en Fuenteovejuna, arremeten contra el alcalde…

… es el momento preciso y oportuno de reiterar y hacer explícita nuestra posición irrestricta de defender –en primera línea–, la filosofía, la política, el Plan de Desarrollo y las realizaciones de la Bogotá Humana.

Y es que nuestro respaldo a la Administración capitalina liderada por Gustavo Petro no responde a un interés coyuntural ni electoral. Se trata de defender un modelo de ciudad de corte moderno, donde el ser humano y la naturaleza sean el principal objetivo del desarrollo y de la atención del gobierno local. Es por ello, la más avanzada propuesta desde la izquierda democrática.

Un primer aspecto a resaltar es que Petro enfrentó antes y durante su gobierno a los carteles de la corrupción que se habían incrustado en la Administración de la ciudad y estaban saqueando las arcas públicas. Es por esa razón, por su vertical lucha contra la corrupción, que una buena parte del pueblo bogotano lo premió y lo eligió. Y por esa misma razón, durante estos 44 meses de gobierno sus enemigos han realizado infructuosamente innumerables intentos por enlodarlo con supuestos actos de corrupción que no han podido comprobar.

Una segunda razón tiene que ver con su compromiso con el cambio. Por primera vez un alcalde se enfrenta decididamente a las élites económicas y financieras que se han apropiado de los activos públicos de la ciudad y sus habitantes. Empezó con los empresarios que se habían apropiado de la contratación del servicio de aseo y organizado un monopolio privado para enriquecerse a costa de los bogotanos. Es oportuno recordar que las concesiones privadas del servicio de aseo fueron otorgadas en gobiernos distritales dirigidos por los que ahora quieren “recuperar” la alcaldía para ponerla al servicio de esos intereses. Ese intento de Petro le costó la destitución e inhabilitación política por 15 años a manos del Procurador Ordoñez, medida impugnada ante el Consejo de Estado.

En tercer lugar, Petro ha planteado coherentemente tres tareas de dimensión universal: La lucha contra la segregación social, que en la actualidad se manifiesta a nivel global con la problemática de los migrantes y desplazados por causas económicas y/o políticas; la lucha contra el modelo de desarrollo que ha causado una masacre laboral sin precedentes y una hecatombe ambiental que se concreta en los efectos desastrosos del cambio climático; y la defensa de lo público que es la principal bandera de nuevos movimientos políticos que en diferentes continentes trabajan por el rescate de la democracia para el pueblo, y con su acción enfrentan y ponen al desnudo el poder corruptor y hegemónico del gran capital financiero que ha convertido a los gobiernos en simples gerentes de sus negocios.

En esas tres tareas la administración de la Bogotá Humana muestra ejecuciones importantes. No vamos a mencionarlas en detalle por cuanto ya las hemos destacado en anteriores artículos, pero sí es importante reiterar y enfatizar los avances sociales alcanzados en salud, educación, inclusión social, defensa del ambiente, reducción de las tarifas de los servicios públicos y del transporte, desarrollos culturales, reivindicación de los derechos de grupos sociales discriminados, defensa de los derechos de los animales, etc., que a pesar de los limitantes impuestos por las políticas neoliberales de carácter nacional, se han podido impulsar y concretar en beneficios reales y visibles para amplios sectores de la población eternamente marginada y excluida.

No queremos tampoco negar los errores o fallas que se hayan podido cometer durante estos tres años y medio. Es indudable que se sobredimensionaron algunas metas, lo que explica algunos incumplimientos. No podemos tampoco desconocer que, en algunos casos, Petro casó peleas innecesarias y dio muestras de intemperancia ante el acoso mediático y político. Somos humanos y nos equivocamos. Sin embargo, son aspectos secundarios que se pueden y deben mejorar hacia el futuro.

Es también evidente que faltó desarrollar un amplio y sistemático proceso de organización ciudadana y comunitaria para poder neutralizar y derrotar a las burocracias que siguen incrustadas en la administración distrital. Es una meta que requiere de mucho más que la voluntad del gobernante. En fin, nada es perfecto en la vida pero la honestidad y la intencionalidad del alcalde están a la vista de todo el mundo. Son incuestionables.

Así mismo, un aspecto que no podemos olvidar es que Petro se apoyó con decisión en el pueblo para defender su proyecto político y social. Convocó y encabezó la movilización popular contra la arbitrariedad y la injusticia, enfrentó sin ambages y sin temor las decisiones sancionatorias del Procurador Ordóñez y sus aliados, mostrando su temple de líder social y su confianza en las bases populares. La gente lo gratificó y acompañó en esa gesta.

Pero además de lo anterior, es importante insistir en otras razones que nos han llevado a estar al lado de la política de la Bogotá Humana y de Gustavo Petro. Son razones que no han sido tan explícitas pero que se hace necesario expresar por cuanto tienen que ver con la estrategia que la sociedad colombiana, los pueblos de América Latina y del mundo, tenemos que desarrollar para enfrentar los graves problemas que vive la humanidad y que debemos resolver si queremos sobrevivir como civilización humana y garantizar una vida digna a todos los habitantes de la tierra.

En forma sintética expresamos esas razones:

Petro ha sido absolutamente coherente y consecuente con la lucha por la transformación política, social y económica de nuestro país utilizando creativamente las pocas herramientas civilistas que permite la restringida democracia colombiana. Después de su desmovilización con el M19, no se acomodó al sistema y continuó enfrentando al régimen oligárquico. Su compromiso con la paz no ha sido retórico sino práctico y concreto.

Compartimos con este dirigente político la necesidad de enfrentar y derrotar las políticas neoliberales impuestas por el capitalismo global. Creemos que esa es una tarea que implica nuevas formas de lucha y de acción democrática que nos obligan a buscar conexión con el 99% de la población mundial. Para hacerlo debemos superar las visiones estrechas que nos impedían encontrarnos con amplios sectores de la población que han levantado importantes banderas de lucha. Debemos apoyar toda acción contra la discriminación racial, étnica, social o de género, por la defensa de la naturaleza, los derechos de los animales, nuevas expresiones culturales, la democratización de los medios de comunicación social, el internet libre y otras reivindicaciones democráticas. Ese encuentro con lo que hoy se denominan las “nuevas ciudadanías” nos permite aislar al máximo a la exigua minoría que representa las elites financieras capitalistas y sus aliados.

Hemos comprendido que no podemos esperar a que ocurra una revolución social y política que lo cambie todo de un tajo. La vida, las luchas y las revoluciones de los siglos XIX y XX nos han enseñado que la sola revolución política no es suficiente. Que el acceso a los aparatos de Estado y gobierno debe estar acompañado de avances en el terreno de la cultura que nos permitan involucrar en la tarea transformadora a millones de personas. Que la obra revolucionaria no debe recaer sólo en algunos dirigentes que se encargan de “gestionar los cambios desde arriba”, lo cual lleva al burocratismo y genera condiciones para la corrupción. Este planteamiento nos lleva a concluir que mientras se acumulan y consolidan las fuerzas políticas y sociales para realizar los cambios estructurales, debemos impulsar y plasmar transformaciones concretas en lo local y regional, en lo económico y cultural, en lo educativo y ambiental, construyendo –en medio de esas acciones–, formas nuevas de democracia directa, representativa, deliberativa y participativa.

Por todas las anteriores razones nos la estamos jugando con la Bogotá Humana y con Gustavo Petro. Aspiramos que la nueva Administración se conserve en manos de la izquierda democrática y que los avances logrados se mantengan y se profundicen. Nuestra apuesta es total y no tenemos ninguna duda que el pueblo apoyará mayoritariamente a quienes tengan el propósito de continuar con la dirección trazada y no renieguen de lo construido. A eso aspiramos el próximo 25 de octubre y trabajamos con entusiasmo y convicción para lograrlo.

Bogotá, 11 de septiembre de 2015

E-mail: yezgara@yahoo.es / Twitter: @yezidgarciaa

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