Por Ubaldo Enrique Meza Ricardo *
Con estupor, la comunidad ha recibido el amenazante libelo del Ministro de Hacienda dirigido a la rectora Paola Amar y al Gobernador Carlos Rodado. El Ministro se atreve a desconocer la orden perentoria de la Corte Constitucional a Minhacienda para que “se abstengan de suspender las mesadas pensionales”. Ni el presidente de la República llegó tan lejos respecto al fallo, pues afirmó que “Ojala pudiéramos llegar a un acuerdo con los pensionados…”. Con un “le recuerdo señora rectora…” la conmina a demandar la Convención vigente si quiere en adelante tener giros y evitar verse involucrada en procesos por “violación de la Ley”.
Indebida presión y draconiana advertencia la del Ministro encaminada a la judicialización de rectores para obtener resultados, asimilada por Minhacienda de aquellos dirigentes externos e internos de la Udea que han jugado a desestabilizar políticamente rectores sin importar el futuro institucional, endilgándoles una crisis que es estructural, originada por el Gobierno Central. Son los mismos que dieron la bienvenida al Ministro Lloreda, en abril de 2001, cuando llegó a intervenir la institución y la situación empeoró; que aplaudieron el Convenio de Concurrencia, previamente animado por el gobernador Ventura Diaz, firmado en el 2003 por Juan Romero Mendoza y el ex gobernador Alejandro Char, con la anuencia del Consejo Superior de ese entonces. Son los mismos que aprobaron la Ley 550 de quiebra de la Udea impuesta por el Gobierno Central, pues según ellos era la “solución” a la crisis. Hoy, irónicamente se ven condenados a ser utilizados por Minhacienda en sus propósitos siniestros para finalmente convertirlos en sus víctimas. Como decía Martí: “A los pueblos se les engaña por un tiempo pero no por toda la vida”.
El mensaje ministerial falta también a la verdad. No es cierto que el caso de la Udea sea igual al de la Univalle. Allí, el monto de la deuda era mayor y no estaba respaldada por una convención colectiva, como sucede con los jubilados de la Udea, que la tienen, reconocida por el Tribunal Administrativo, la Procuraduría y por la Corte, demostrándose que en su momento actué honestamente y acorde con el ordenamiento jurídico vigente. Tampoco es cierto que no se haya hecho gestión con las pensiones supuestamente irregulares. Desde junio de 2000, durante mi rectoría dejamos elaborado y entregado un Cálculo Actuarial, que reconocía la Convención, y un cronograma de tareas que lograra la revisión o demanda de las pensiones, el cual cumplimos liderando dos acuerdos (005 y 006 de diciembre de 2000) ante el Consejo Superior, mediante los cuales se les daba a los jubilados la oportunidad de concertar con la administración.
¡Que Minhacienda se deje de tartufadas! Aunque existen aspectos administrativos que se deben seguir corrigiendo, he demostrado en mis artículos de prensa que son ellos quienes, en aras de cumplir las frías cifras exigidas por el ajuste fiscal del FMI, han provocado la crisis. Primero porque desde 1994 sometieron la Universidad al régimen de Bonos de Valor Constante (BVC) que la obligaban a pagar pensiones sin giros previos, teniendo que acudir a los préstamos bancarios con altos intereses. Y sólo llegó el primer BVC en 1997 por $19.000 millones con el cual se pagaron deudas acumuladas durante la rectoría de Armando Zabaraín. Segundo, porque el Convenio de Concurrencia, además de desconocer los derechos adquiridos, reconoce solo un 40% y no el 83.6% a que lo obliga la Ley 100 de 1993, según los actuarios. De esta forma Minhacienda dispara el déficit de la institución, de $ 30 mil millones a diciembre de 2000, acumulado de 25 años, a $180 mil millones entre el 2003 y el 2005. Es decir, en sólo 3 años sextuplicó el déficit quebrando la universidad financieramente en un momento en que el Ministerio de Educación exige a la universidad cumplir con unos estándares mínimos de calidad. Como lograr esta meta, con esta incoherencia del gobierno central!.
Poco importa al Ministro Carrasquilla que la Udea, centro de estudios de los pobres de la región durante 70 años, quede expuesta a una “conflagración social” como lo afirmara el gobernador. Aquí lo de fondo es, qué modelo económico se asume para la solución financiera del Alma Mater: O es el neoliberal del señor Ministro, que busca desprestigiar la institución y a la universidad pública en general; ahogarla para declararla inviable y favorecer la educación privada, que actualmente llega al 80%, mientras que en países como Francia solo alcanza el 3% y España al 20%. O es el modelo que mira la universidad por su rentabilidad social y no financiera, el cual ha demostrado excelentes resultados en los países que lo aplican.
Si Minhacienda cumple con la Ley 100, se despeja el panorama pues, con los mismos recursos de la Ley 30 y los aportes del departamento, la Udea cumple su misión sin afugias. Por tanto, debemos acoger de manera entusiasta la posición valerosa de la rectora, de solicitar la revisión inmediata del Convenio de Concurrencia y acoger el llamado a la movilización para defender la Udea, uno de los baluartes de la educación pública de la región Caribe y de la nación.
*Ex-rector de la Universidad del Atlántico. Profesor tiempo parcial de Ciencias Económicas de la Ude
